Tras un informe realizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) se indica que con el último incremento otorgado a los 2.123 funcionarios, el Estado habrá destinado en diez años aproximadamente US$ 200 millones para el pago de salarios, utilizando la base de subas en promedio expuestos en publicaciones periodísticas. El monto es cercano a lo que Paraguay viene invirtiendo en promedio y en un año fiscal, en proyectos de obras públicas, pero con recursos captados de los bonos soberanos.
A diferencia de otros gastos públicos, un aumento salarial como lo aprobado en el Presupuesto General de la Nación 2019, no puede ser recortado ni modificado, convirtiéndose en un gasto permanente para las finanzas públicas.
El promedio de incremento salarial ilegítimo es de Gs. 4.300.000 para cada uno de los más de 2.000 funcionarios privilegiados, totalizando unos US$ 20 millones adicionales al año que necesariamente deberán cubrirse con ingresos provenientes de impuestos.
Una suba en los gastos salariales debería estar atada a recursos disponibles, que en el caso de Paraguay, no existe, debido a que los ingresos tributarios ya se encuentran casi en su totalidad comprometidos por el mismo concepto, salarios, por lo que nuevamente se remarca la urgente necesidad de trabajar en el mejoramiento de la calidad del gasto, comprometida seriamente ante decisiones como éstas y que terminan generando más incertidumbre en todo el esquema económico del país.
En resumen, la CNCSP manifiesta que en 20 años se destinarían US$ 400 millones adicionales para el pago de salarios de los funcionarios públicos, representando casi una emisión de bonos soberanos, que en promedio corresponde a US$ 500 millones.